El CACIF, junto a la Cámara de Comercio y otras organizaciones del sector privado, emitieron comunicados en los que solicitan al presidente Bernardo Arévalo vetar el Decreto 7-2025, denominado Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado ayer por el Congreso de la República.
El decreto busca impulsar y garantizar financiamiento para proyectos gestionados a través de los Consejos de Desarrollo, pero ha generado preocupación en el sector privado por considerar que podría abrir espacio a discrecionalidad y falta de transparencia en el uso de recursos públicos.
No obstante, incluso si el mandatario optara por vetar la normativa, esta podría regresar al Congreso y ser aprobada nuevamente sin necesidad de sanción presidencial, dado que el decreto ya recibió el apoyo de más de 100 congresistas.