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WhatsAppEn un ambiente de evidente desconfianza institucional y sin la presencia del presidente Bernardo Arévalo ni de la vicepresidenta en funciones Karin Herrera, se desarrolló La Ronda, en la que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, intentó explicar la escandalosa fuga de veinte reos del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II. La evasión, ocurrida en agosto, fue dada a conocer apenas este fin de semana, lo que ha desatado una ola de críticas por la falta de transparencia y la negligencia en el manejo del caso.
Durante la sesión, Jiménez anunció la destitución del director del Sistema Penitenciario, así como de los directores y subdirectores de Fraijanes II, Mariscal Zavala, Renovación I y la cárcel de Puerto Barrios, en lo que calificó como una medida “para depurar responsabilidades”. Asimismo, indicó que todos los directores de centros penitenciarios serán sometidos a pruebas de polígrafo con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, con el fin de determinar posibles complicidades en la fuga.
El ministro también informó que instruyó al director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, a reestructurar la división DIPANDA, y que el Ministerio de la Defensa Nacional reforzará la seguridad perimetral de las cárceles del país. Además, aseguró que se mantiene comunicación con Interpol y autoridades de El Salvador, México y Honduras para monitorear los movimientos transfronterizos de los fugados. Según dijo, también se encuentra en conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para recibir apoyo del Cuerpo de Ingenieros en la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Sin embargo, estas acciones han sido interpretadas como reacciones tardías y desordenadas, más orientadas a contener el escándalo político que a resolver la profunda crisis del sistema penitenciario. La destitución de funcionarios y la promesa de reformas parecen, según observadores, “patadas de ahogado” de un ministro cuya gestión se ha caracterizado por improvisación, opacidad y falta de resultados concretos.
A pesar de los hechos, Jiménez aprovechó la ocasión para presionar al Congreso de la República a aprobar las iniciativas de ley presentadas por su cartera para una “reforma integral del sistema penitenciario”, pese a que semanas atrás no mostró apertura al diálogo con los propios diputados.
La ausencia del presidente Arévalo y de la vicepresidenta Herrera en esta reunión clave también envía un mensaje preocupante: una crisis de gobernabilidad y liderazgo en materia de seguridad, justo en un momento en que el país enfrenta la humillante evidencia de que veinte reos de alta peligrosidad pudieron escapar sin ser detectados durante meses.
Lejos de recuperar la confianza ciudadana, las acciones del ministro Jiménez dejan la impresión de un gobierno que reacciona tarde, sin rumbo y sin control real de sus cárceles ni de sus funcionarios.