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WhatsAppEn un hecho sin precedentes y con claras connotaciones políticas, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por magistrados afines a la izquierda y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avanzó este jueves con la condena del expresidente Jair Bolsonaro por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La medida es vista por analistas y sectores conservadores como un intento directo de inhabilitar políticamente a Bolsonaro y bloquear su regreso a la escena electoral brasileña.
Con el voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes, el tribunal alcanzó una mayoría de tres votos contra uno en un panel de cinco jueces para condenar a Bolsonaro por cinco cargos:
- Tentativa de golpe de Estado
- Organización criminal
- Abolición violenta del Estado democrático de derecho
- Daños al patrimonio público
- Deterioro de bienes protegidos
“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de una organización criminal”, sentenció la magistrada, alineándose con los votos previos de Flávio Dino y Alexandre de Moraes, este último conocido por su militancia judicial contra figuras de derecha.
La votación quedará completa con el pronunciamiento pendiente del juez Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, lo que ha levantado fuertes críticas por el evidente conflicto de interés.
Cabe recordar que Bolsonaro ya había sido condenado en 2023 por otra causa, en la que fue acusado de abuso de poder por difundir dudas sobre el sistema electoral, lo que lo dejó inhabilitado políticamente por ocho años. Con esta nueva sentencia, la izquierda brasileña afianza su objetivo de cerrar el paso al líder conservador, quien sigue siendo la figura más influyente de la oposición.
La acusación fiscal, validada por los jueces, sostiene que Bolsonaro y su círculo más cercano —entre ellos ministros y asesores— habrían planificado una trama para “perpetuar” su gobierno y desconocer el triunfo de Lula. Incluso, se mencionan supuestos planes para atentar contra la vida de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio juez De Moraes, sin que hasta ahora se presenten pruebas concluyentes al respecto.
El expresidente permanece bajo arresto domiciliario, y si bien puede apelar el fallo, el pleno del STF no volverá a juzgar el caso desde cero, sino que se limitará a revisar puntos específicos. Esto deja en evidencia que la estructura judicial ha cerrado filas para impedir cualquier vía de rehabilitación política para Bolsonaro.