Este martes 15 de octubre, el viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo Salazar, se presentó al Ministerio Público para denunciar la existencia de una estructura de tráfico de personas dentro de la Policía Nacional Civil (PNC). También señaló directamente a la viceministra de Antinarcóticos por su presunta implicación en la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II y aseguró que ha recibido dinero. La Comisión Presidencial contra la Corrupción ya tiene conocimiento del caso, pero no ha actuado.
En medio de una creciente crisis institucional en el Ministerio de Gobernación, el viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo Salazar, llegó este martes al Ministerio Público para presentar denuncias sobre graves hechos que involucran a funcionarios de alto nivel.
Portillo Salazar reveló la existencia de una red de tráfico de personas que operaría desde el interior de la Policía Nacional Civil (PNC), utilizando recursos de la institución para facilitar actividades ilícitas. Además, señaló a la viceministra de Antinarcóticos por su responsabilidad en la fuga de 20 reos ocurrida en agosto en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, hecho que fue ocultado durante más de un mes y confirmado públicamente hasta el pasado 12 de octubre.
El funcionario también indicó que la viceministra ha recibido dinero en el marco de estos hechos, y que ya ha trasladado toda esta información tanto al Ministerio Público como a la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Sin embargo, hasta el momento, dicha comisión no ha tomado ninguna acción, pese a la gravedad de los señalamientos.
Estas denuncias ocurren mientras el presidente mantiene en su cargo al ministro de Gobernación y se resiste a realizar cambios, a pesar de las exigencias de distintos sectores que cuestionan el manejo de la seguridad y la protección institucional que estarían recibiendo funcionarios señalados.
Las denuncias presentadas por el viceministro José Ronaldo Portillo Salazar exponen una red de corrupción y tráfico de influencias dentro del sistema de seguridad del país. La presunta participación de la viceministra de Antinarcóticos, la inacción de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la negativa del Ejecutivo a tomar medidas drásticas reflejan un deterioro institucional alarmante. Mientras los reos continúan prófugos y no hay responsables removidos, se profundiza la percepción de impunidad en los más altos niveles del Gobierno.