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WhatsAppEl exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, fue condenado a 12 años de prisión por haber financiado una campaña de desprestigio contra el actual alcalde Sebastián Siero Asturias. El fallo judicial establece que Alvarizaes utilizó recursos municipales para ejecutar la campaña en redes sociales, lo que constituye un grave abuso de poder y malversación de fondos públicos.
Manipulación de fondos municipales para fines electorales
Los hechos ocurrieron durante la administración de Alvarizaes bajo la bandera del partido Prosperidad Ciudadana (PC). Según la denuncia presentada por Siero, actual alcalde y miembro del Partido Unionista, Alvarizaes destinó casi medio millón de quetzales del presupuesto municipal para pagar a una empresa encargada de ejecutar una estrategia de desprestigio en redes sociales contra su candidatura.
La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual dio paso a una investigación que reveló el uso ilícito de fondos públicos con fines políticos y personales.
Campaña digital para influir en el electorado
La llamada “campaña negra” consistió en una serie de publicaciones y contenidos difundidos principalmente en redes sociales, con el objetivo de desacreditar la imagen pública de Sebastián Siero durante el proceso electoral. La empresa contratada por la Municipalidad habría diseñado y ejecutado esta estrategia digital de manera sistemática y con financiamiento oficial.
Los investigadores del MP confirmaron que los pagos a la empresa de comunicación se realizaron desde cuentas municipales, sin los debidos procesos de licitación ni autorización del Concejo Municipal.
Fallo ejemplar por corrupción electoral
El tribunal encargado del caso determinó que Víctor Alvarizaes incurrió en los delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y coacción electoral, imponiéndole una condena de 12 años de prisión inconmutables. La sentencia también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el resarcimiento económico al Estado por el monto utilizado ilícitamente.