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WhatsAppEl discurso de austeridad y transparencia del gobierno de Bernardo Arévalo se ha ido desvaneciendo a pasos agigantados frente a la realidad de los hechos. Mientras los guatemaltecos enfrentan la falta de carreteras, hospitales desabastecidos y escuelas en ruinas, el presupuesto público se destina a pagar contratos inflados y a colocar activistas digitales en puestos bien remunerados.
Uno de los ejemplos más evidentes es la contratación de Jeanny Chapeta, conocida en redes sociales por su militancia digital a favor de Semilla y por atacar a cualquiera que cuestionara al oficialismo. Hoy, devenga Q20,000 mensuales como asesora en redes sociales del Ministerio de Economía, a pesar de no contar con estudios superiores ni experiencia en economía o comunicación. Un salario superior al que reciben muchos técnicos especializados en áreas clave del Estado.
Este caso no es aislado. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia también abrió espacio a figuras pro-Semilla con sueldos que alcanzan los Q30,000 mensuales, y el Ministerio de Gobernación destinó más de Q209,000 para tres videos en TikTok y Facebook, un gasto tan desproporcionado como innecesario.
Mientras tanto, las carreteras desaparecen bajo el abandono del Ministerio de Comunicaciones, el dinero de la deuda se destina solo a pagar intereses y la ciudadanía sigue esperando obras básicas.
El clientelismo digital se ha convertido en una nueva forma de botín político: tuiteros y tiktokers son premiados con contratos y plazas, pagados con los impuestos de millones de guatemaltecos que jamás recibirán una retribución semejante. Este modelo no solo contradice la promesa de meritocracia, sino que profundiza la cultura del amiguismo y la propaganda, disfrazada de asesoría técnica.
En cualquier democracia madura, semejantes prácticas provocarían escándalos, investigaciones y renuncias. En Guatemala, en cambio, se normalizan bajo la narrativa de la “nueva política”.
La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo se permitirá que los recursos públicos se usen para sostener un ejército digital de propaganda en lugar de atender las necesidades urgentes del país? Porque cada quetzal que se gasta en tiktokers y activistas es un quetzal menos para salud, educación e infraestructura.