opinion
El gobierno de Arévalo disfraza de democracia su plan para capturar el Estado. Con maniobras jurídicas y consultas internacionales, buscan eliminar al Ministerio Público y a cualquier institución que les impida consolidar su poder absoluto. No es defensa de derechos, es el camino hacia el autoritarismo.
¿Es está una premisa cierta? El Ministerio de Gobernación con su lista limitada de ideas para combatir la criminalidad ha propuesto la despistolización, es decir privar a los ciudadanos del derecho constitucional de tener y portar armas (art. 38 Constitución Política de la República de Guatemala).
Mientras proponen que hay que aumentar el grado de represión hacía los ciudadanos para aumentar la “seguridad” y la “libertad”, guardan silencio para evitar tener que explicar que la seguridad y la libertad de la que hablan es solamente la del gobierno y que la coacción que pretenden debe aplicarse con exclusividad a todos los demás. ¿Los empleados quieren libertad para coaccionar a los soberanos? O ¿Están ellos en la disposición de renunciar a las fuerzas de seguridad que los protegen y que todos pagamos?
El fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, desencadenó una crisis de salud pública en Estados Unidos, cobrando más de 100,000 vidas por sobredosis al año. Ahora, esta problemática comienza a extenderse hacia América Latina, y Guatemala no es ajena a sus impactos.
¿Por qué ocupa la herramienta de la victimización una posición tan importante en la sociedad? ¿Por qué las funcionarias del MIDES María Alejandra Menaldo y Bertha Zapeta prefieren disfrazarse de víctimas en lugar de asumir las consecuencias por la falta de acciones? Esa incapacidad que se traduce en 83 niños muertos por desnutrición, casos mortales que superaron en un 34% a los registrados en el mismo período del 2023, programas no ejecutados, millones de quetzales en despilfarros, asignaciones millonarias a empresas constituidas en un promedio de 12 días antes de la adjudicación y un ministro que… ¿hay?