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WhatsAppPor Iván Andrés
El gobierno de Bernardo Arévalo y sus operadores políticos han puesto en marcha una estrategia peligrosa que amenaza con desmantelar los pocos contrapesos institucionales que aún quedan en Guatemala. Dos movimientos recientes lo confirman: la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el retiro de la reserva al Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
A primera vista, ambos actos podrían parecer gestos de respeto al derecho internacional y a los principios democráticos. Nada más lejos de la realidad.
El disfraz de la democracia
La consulta presentada ante la Corte IDH busca que se declare a la democracia como un derecho humano y que los Estados —es decir, los gobiernos de turno— tengan la obligación de protegerla activamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Ejecutivo podrá interpretar a su antojo qué o quién constituye una amenaza para la democracia y actuar en consecuencia.
Es decir, el gobierno podría justificar acciones drásticas, como la destitución de funcionarios o la intervención de instituciones autónomas, bajo el argumento de estar “protegiendo la democracia”. Todo con el aval de un pronunciamiento internacional que ellos mismos pidieron.
El retiro de la reserva: abrir la puerta a la injerencia externa
El retiro de la reserva al Artículo 27 de la Convención de Viena refuerza esta maniobra. Al hacerlo, el gobierno de Arévalo acepta que cualquier tratado o pronunciamiento internacional debe prevalecer sobre las leyes internas de Guatemala. Esto significa que los dictámenes de organismos como la Corte IDH podrán imponerse incluso sobre la Constitución o las decisiones del Congreso.
Con esta movida, Arévalo y su cancillería eliminan cualquier barrera legal que pudiera impedir que sus aliados internacionales se conviertan en árbitros supremos de la política guatemalteca.
El verdadero objetivo: capturar el Ministerio Público
Aunque el documento de la consulta nunca menciona directamente a la fiscal general María Consuelo Porras ni al Ministerio Público, es evidente que esta maniobra jurídica está diseñada para allanar el camino hacia su remoción o el desmantelamiento de esa institución.
El Ministerio Público ha sido uno de los últimos bastiones de resistencia contra la captura progresiva del Estado. Para los operadores políticos del oficialismo y sus aliados internacionales, neutralizarlo es una prioridad urgente.
Un gobierno ilegítimo que busca eliminar contrapesos
No debemos olvidar que quienes ahora impulsan esta estrategia son delincuentes políticos que llegaron al poder bajo serias dudas de legitimidad y fraude electoral. Lejos de respetar el Estado de derecho, están dispuestos a reconfigurarlo a su medida.
Su discurso de defensa de la democracia es una fachada. Lo que buscan es consolidar un poder absoluto sin rendición de cuentas, eliminando toda oposición institucional o política.
Conclusión
Lo que estamos presenciando no es un ejercicio democrático. Es una operación de captura del Estado con apariencia de legalidad.
Como ciudadanos, debemos denunciarlo y resistir cualquier intento de utilizar el derecho internacional como arma para suprimir la justicia independiente y silenciar las voces críticas.
La democracia verdadera no se impone desde foros internacionales con consultas fabricadas. Se construye y se defiende respetando las instituciones, la Constitución y la voluntad soberana del pueblo.
Iván Andrés
Guatemala, mayo 2025.