Mientras el país se desangra en medio de una creciente ola de violencia, extorsiones, homicidios y descomposición social, el pueblo guatemalteco ha sido testigo de dos discursos profundamente contrastantes. Por un lado, el Tercer Informe de Labores del Ministerio Público, presentado por la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, ofrece cifras claras, avances tangibles y una política criminal enfocada en la persecución penal. Por otro lado, el presidente Bernardo Arévalo, en su primer informe, se escuda en un relato victimista, plagado de lugares comunes y promesas recicladas, carente de logros verificables y sustentado en manipulaciones descaradas.
El gobierno de Arévalo disfraza de democracia su plan para capturar el Estado. Con maniobras jurídicas y consultas internacionales, buscan eliminar al Ministerio Público y a cualquier institución que les impida consolidar su poder absoluto. No es defensa de derechos, es el camino hacia el autoritarismo.